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Fuente: dpa | 11/02/2011
Ciudad de Panamá, (dpa) - Indígenas panameños de la etnia Ngöbe-Buglé, sublevados tras la aprobación el jueves de reformas al Código de Recursos Minerales, amarraron y retuvieron hoy a Fernando Santamaría, un asesor ministerial que mediaba en el conflicto, aunque luego lo liberaron.
El incidente se produjo en la comunidad de Hato Chamí, en la occidental provincia de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica, donde los manifestantes bloquearon el acceso terrestre a los yacimientos cupríferos de Cerro Colorado, mientras lanzaban consignas contra el gobierno del presidente Ricardo Martinelli.
Santamaría fue retenido por mujeres y amarrado en un área donde debía realizarse este viernes una reunión con la participación del viceministro de Trabajo y comisionado Luis Carles, educadores e indígenas opuestos a la actividad minera. Debido a la sublevación, el compromiso de diálogo fue cancelado.
Pese a que el asesor oficial fue liberado, el gobierno adujo que el movimiento indígena está "infiltrado" por azuzadores.
Este viernes, líderes ecologistas protestaron en forma pacífica frente a la sede de la gobernación de Chiriquí, en la ciudad de David. Los activistas desplegaron pancartas con lemas de rechazo a las reformas al Código de Recursos Minerales, que permiten a estados extranjeros invertir en la minería en Panamá.
Carles culpó a la ambientalista Raisa Banfield y al diputado Raúl Rodrigo de instigar las protestas en contra de las reformas al Código de los Recursos Minerales, que fueron aprobadas el jueves con 42 votos a favor y 15 en contra en la Asamblea Nacional (Parlamento).
Sin embargo, Banfield refutó los argumentos oficialistas y sostuvo que "el pueblo panameño no es y tonto y no se dejará engañar" con mensajes dirigidos a tratar de desacreditar a quienes rechazan la destructiva minería a cielo abierto en este país.
Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil señalaron que preparan para el lunes nuevas protestas contra la minería.
Indígenas, campesinos y ambientalistas de Panamá opuestos a la minería a cielo abierto deben recurrir a instancias nacionales e internacionales para frenar las reformas al Código de Recursos Minerales, señaló este viernes el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal, tras examinar la Ley 277, que reforma al Código minero. Indicó que la legislación, aprobada por 42 votos a favor y 15 de los diputados, tiene "visos de inconstitucionalidad".
Aclaró que la principal amenaza de la legislación minera es que atenta contra los derechos humanos de pueblos originarios y la gran riqueza ecológica en áreas que serán explotadas por multinacionales para satisfacer la demanda mundial de metales.
Para que los cambios introducidos por la Asamblea Nacional al Código de Recursos Minerales tengan plena vigencia, deben ser sancionadas por el presidente Martinelli, principal gestor de la iniciativa, y publicadas en la Gaceta Oficial.
El Código modificado el jueves en tercer y último debate prevé el aumento de cánones de dos al cuatro por ciento, el incremento de 25 centavos a 100 dólares las fianzas por perjuicios a cada hectárea extraída y la posibilidad de que otros países exploten yacimientos de oro y cobre en Panamá.
Los gobiernos de Corea del Sur y Singapur y corporaciones de Canadá han apostado por la explotación mineral en suelo panameño, pese a la resistencia de las organizaciones de la sociedad civil preocupadas por la destrucción de la riqueza hídrica y forestal.
La directora ejecutiva de la no gubernamental Asociación para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), Alida Spadafora, calificó las reformas al Código de "estocada al corazón". Adujo que "vamos a regalar nuestros recursos al extranjero, y nos van a quedar ríos envenenados, contaminados y suelos improductivos".
Al respecto, Bernal manifestó que los indígenas, campesinos y ambientalistas pueden recurrir a la Corte Suprema de Justicia, debido a "flagrantes violaciones" al Artículo cuatro de la Constitución Nacional, que señala: "la república de Panamá acata las normas del Derecho internacional".
El jurista señaló, además, que los demandantes podrían acudir al sistema interamericano de justicia, a organismos de Derechos Humanos de Naciones Unidas y al Tribunal Internacional del Agua, debido a que existen "elementos suficientes" para sustentar las reclamaciones por temas esenciales para la vida humana.
Bernal reseñó que el Estado panameño tiene el compromiso de respetar los convenios internacionales sobre derechos humanos que ha suscrito y ratificado, y no puede pasar por encima de ellos.
La extracción metálica es defendida y justificada por la Cámara Minera de Panamá, cuyos representantes han advertido que los proyectos se ajustan a estándares de desempeño social y ambiental de la Corporación Financiera Internacional y el Banco Mundial.
No obstante, Rogelio Montezuma, vocero de la etnia Ngöbe-Buglé, señaló que los indígenas continuará la lucha "hasta las últimas consecuencias", para rechazar la minería a cielo abierto en áreas comarcales, donde las multinacionales pretenden instalarse.
Montezuma organizó protestas con la participación de habitantes de las comunidades de Mironó, Muná, Besikó, Nole Duima y del oriente de la provincia de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica, que fueron reprimidas por la Policía Nacional, pero advirtió que la lucha por la defensa territorial de continuará.
